Periodistas, ¿debemos ser el único ‘antídoto’ contra las fake news?

¿Quién debe tratar de desenmascarar o combatir las fake news? Para Nemesio Fernández, presidente de la FAPE, “los periodistas somos los que tenemos que ponernos a la vanguardia de la lucha contra este fenómeno”, rechazando así las pretensiones reguladoras que surgen tanto desde ámbitos políticos como jurídicos, con el consiguiente riesgo para el derecho a la libertad de información

Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), aseguró en 2018, poco después de acceder al cargo, que «la lucha contra las fake news es solo tarea de los periodistas”. Pero parece que su deseo (y seguramente el de la inmensa mayoría de periodistas) va contracorriente con lo que están promoviendo los diferentes gobiernos occidentales: leyes para crear organismos de control gubernamental de las noticias falsas, con el consiguiente riesgo para el derecho a la libertad de información.

Pero, en primer lugar, aclaremos qué son las fake news. Estamos hablando de noticias falsas, bulos con forma de contenido aparentemente periodístico o informativo, que se difunden a través de diferentes canales (medios de comunicación o redes sociales) y cuyo objetivo final es multiplicar la desinformación.

“Por noticias falsas podemos centrarnos en aquel tipo de noticia e información creada para alterar el estado de opinión de algún público objetivo o comunidad. Es decir, se crea ya sabiendo que es falsa. El creador y los primeros que las difunden saben que es falsa, no así la gente que le va a dar veracidad”, explicó en una entrevista en 20minutos Alexandre Lopez-Borrull, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Lopez-Borrull añade que tienen diferentes objetivos: “En algunos casos puede haber un objetivo pueril, casi de reto o apuesta, incluso de divertimento. Pero es evidente que además de las que se crean para generar atracción hacia páginas web (clickbait) y beneficio económico, existen las que tienen una agenda política, de ideas radicales o de desestabilización de la sociedad. Éstas son desde mi punto de vista las más peligrosas, por el auge de la ultraderecha y la polarización de la sociedad, así como el descrédito a las instituciones, los medios de comunicación y la información científica en general”.

Pero volviendo a quién debe tratar de desenmascararlas o combatir estas fake news. La posición de Nemesio Rodríguez (FAPE) es clara. “Los periodistas somos los que tenemos que ponernos a la vanguardia de la lucha contra este fenómeno”, recalca, para mostrar así su rechazo a las pretensiones reguladoras, cada vez más fuertes, que surgen tanto desde ámbitos políticos como jurídicos.

No en vano, el actual ministro del Interior y ex magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, es un firme defensor de la regulación de las llamadas fake news, pese al riesgo de intromisión en la libertad de expresión.

De hecho, ha presentado ya un plan para regular las llamadas noticias falsas; un comité para, dice, luchar contra la desinformación. “No hay nada más transparente que publicar en el BOE lo que el Gobierno acuerda, y lo acuerda no con una función de fiscalización ni tampoco de limitación de ningún derecho fundamental, y menos de la libertad de expresión y del ejercicio del derecho a la información», recalcó el ministro Marlaska.

La posición del Gobierno socialista es más o menos compartida por dirigentes de peso del principal partido de la oposición. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, cree necesario “un centro que combata fake news”’. No obstante, alertó de que ese supuesto centro no debería depender del Gobierno: “No puede depender de quien más sabe de desinformación, Iván Redondo (director del Gabinete del presidente del Gobierno) que dirige y coordina bulos”.

Por tanto, parece evidente que los políticos quieren poner coto a los bulos y la desinformación, pero no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo.

Desde la FAPE han solicitado al Gobierno que “aclare cuanto antes” las funciones y cometidos “que tendrá el recién creado comité para la lucha contra la desinformación”. Ese comité, en teoría, monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios de comunicación. Podrá. No deberá.

Por ello, ante el “riesgo” de que el comité del Gobierno “pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de expresión”, la FAPE ha recordado que “son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no”.

“Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio”, advierten desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Al respecto, emplazan al Gobierno a aclarar cuanto antes “cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello”. La FAPE, en cualquier caso, tiene la obligación de estar muy atenta para evitar que el comité, según alertan, “sea utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión”.

Lógicamente, los periodistas debemos ser los primeros interesados en combatir la desinformación, que es numerosa y frecuente. Si un medio de comunicación, o un periodista, incumplen la ley, porque propagan insidias, calumnias o dañan al honor, la intimidad… los tribunales ya los condenan. Igual que a un ciudadano no periodista que lo haga a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube, Twitter o Tik Tok, entre otras muchas.

Según la FAPE, la creación de un comité de control solo tendría sentido si fuera dirigido a afrontar “en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia”.

Preguntado por si los gobiernos deberían tratar de controlar las fake news o correríamos el riesgo de que pudieran coartar la libertad de expresión, el profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, Alexandre Lopez-Borrull, responde: “La desinformación debe ser regulada con una aproximación legal, ética y tecnológica, y ello es más posible si lo hacen los gobiernos, con garantías, que no que se autorregule el mercado. Las redes sociales deben tener el empuje a hacerlo desde las instituciones, no solo desde el modelo de negocio o el engagement del usuario. Evidentemente, para hacerlo bien, no debe hacerse a tweet (tiro) caliente, sino de forma reposada para salvaguardar y equilibrar adecuadamente el resto de derechos. Existe la libertad de expresión, no de desinformación, igual que los límites ante las calumnias y las mentiras que siempre han existido antes de las redes sociales. Los gobiernos deben liderar estrategias compartidas”.

Lo bien cierto es que la mayoría de países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia…) han adoptado, o están impulsando, medidas legislativas o técnicas para intentar, dentro de lo que cabe, luchar contra las fake news, muchas veces vinculadas a supuestas injerencias de potencias extranjeras en asuntos internos. Rusia es la gran señalada en este sentido.

Todas ellas generan preocupación en los medios de comunicación por el temor a que una vez puestas en marcha pudieran ser utilizadas no solo para protegerse de injerencias externas de terceros si no para tratar de condicionar o manipular a sus propias sociedades.

Por tanto, los diferentes gobiernos deberán aclarar muy bien cómo pretenden regular esos mecanismos defensivos frente a las noticias falsas.

¿Y qué hacen los periodistas contra las fake news? Cada medio de comunicación se juega su prestigio y son los principales interesados en difundir información rigurosa y fiable. Publicar un bulo, o hacerse eco de ellos presentándolos como información, únicamente provocará pérdida de prestigio. Y al final es tirarse piedras sobre tu propio tejado. Y, por supuesto, si se publican informaciones falsas que perjudican a terceros se corre el riesgo de resultar condenados judicialmente, con el consiguiente perjuicio para la imagen del medio de comunicación así como las posibles condenas civiles o penales derivadas.

Por tanto, se presupone que los medios de comunicación (prensa impresa o digital, radio y televisión) deben ser los primeros interesados en combatir las fake news y difundir noticias veraces.

En este sentido, muy meritoria es la labor de algunos medios de comunicación e iniciativas de fack-checking que se dedican justamente a descubrir y desenmascarar las noticias falsas. Es el caso de Maldita.es, el único medio español que formó parte del Grupo de Alto Nivel sobre fake news y desinformación nombrado por la Comisión Europea en 2008, que colabora entre otros con 20minutos justamente como antídoto frente a los bulos.

Su objetivo es dotar a los ciudadanos de “herramientas para que no te la cuelen”. Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato se centran en el control de la desinformación y el discurso público mediante técnicas de verificación de hechos (fact-checking) y periodismo de datos.

Tienen como labor monitorizar y controlar el discurso político y promueven la transparencia en las instituciones públicas y privadas. Verifican y luchan contra la desinformación y promueven la alfabetización mediática y las herramientas tecnológicas para crear una comunidad consciente que pueda defenderse de la desinformación. En definitiva, realizan un periodismo veraz y riguroso frente a los bulos y las fake news. Hacen lo que todo periodista debería hacer.

Y si todos lo hiciéramos, ¿serían necesarios comités gubernamentales de control?